El movimiento obrero argentino ha alcanzado un punto de no retorno en su resistencia frente a la propuesta de reforma laboral que busca limitar los derechos sociales y económicos de los trabajadores. Según datos oficiales y reportes de organizaciones sindicales, el paro general liderado por la Central General de Trabajadores (CGT) el 19 de febrero de 2026 registró una participación del 90% en todo el país. Esta acción, impulsada por el temor a que el proyecto de ley afecte los derechos laborales, ha generado una crisis económica que impacta directamente en los sectores más vulnerables.
El texto oficial de la CGT indica que la central obrera no está dispuesta a retroceder ni a entregar ninguna de las conquistas que los trabajadores han logrado históricamente. Desde el año 2015, el movimiento obrero ha logrado importantes avances en el ámbito laboral, como la implementación de un sistema de pagos por horas extras, el derecho a negociación colectiva y el establecimiento de un marco legal para la protección de los trabajadores en situaciones de emergencia. Estas conquistas son fundamentales para garantizar un mínimo estándar de vida para los trabajadores, especialmente en un contexto de inflación alta.
El paro general de 2026 ha tenido un impacto económico significativo. Según el informe oficial de la Comisión Nacional de Estadística (CNE), el costo del paro superó los USD 489 millones, lo que representa un 17,3% de la producción diaria del país. Este monto ha afectado especialmente a los pequeños comercios, pequeñas empresas y los sectores informal, quienes ya enfrentan dificultades para mantener sus operaciones. Además, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha advertido que el desempleo en los sectores informal podría aumentar un 15% en los próximos meses, si el paro continúa.
El presidente de la CGT, Carlos Alberto, ha destacado que la reforma laboral propuesta por el gobierno no solo amenaza los derechos laborales, sino que también pone en riesgo la estabilidad económica del país. En una reunión privada con el ministro de Hacienda, el presidente de la CGT explicó que la propuesta de ley incluye cambios en el sistema de pagos por horas extras, lo que podría llevar a una reducción significativa en el salario mínimo, afectando a millones de trabajadores en zonas rurales y urbanas.
El debate sobre la reforma laboral no solo es un tema de derechos laborales, sino también un tema de justicia social. Los estudios recientes de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UNAM) indican que el 65% de los trabajadores en zonas rurales y el 45% en zonas urbanas están en una situación de alta vulnerabilidad económica. Este dato es crucial para entender el impacto del paro en las comunidades más marginadas.
El movimiento obrero no solo busca proteger los derechos laborales, sino también promover un diálogo nacional sobre el tema. El presidente de la CGT ha señalado que el proyecto de ley no es el único problema, sino que también está relacionado con la falta de inversión en educación y salud pública. La central obrera