El Gobierno nacional impulsa la privatización de Agua y Saneamiento Argentino (AySA), generando controversia y preocupación entre los usuarios. Una de las medidas más discutidas es la autorización para cortar el suministro de agua potable por falta de pago, una decisión que ha desatado fuertes críticas y alertas sobre la vulneración de derechos.
Corte de suministro: ¿Un derecho humano en riesgo?
A través de un decreto reciente, el Gobierno faculta a AySA a interrumpir el servicio de agua potable a usuarios residenciales con una mora mínima de 60 días y a no residenciales con 15 días, a partir del segundo vencimiento. Esta medida, que se suma a los cargos por mora e intereses ya existentes, ha sido calificada como un ataque directo a los derechos de los usuarios.
Desde la Sindicatura de Usuarios se exige la derogación de los artículos que permiten esta práctica, advirtiendo que el corte del suministro de agua, especialmente si el usuario también tiene cloacas, podría derivar en la interrupción de ambos servicios, con graves consecuencias para el medio ambiente.
El fantasma de los '90: Aguas Argentinas y sus consecuencias
La memoria colectiva recuerda la experiencia de los años '90, cuando la privatización de Obras Sanitarias de la Nación y la creación de Aguas Argentinas trajeron consigo el corte de cloacas a algunos usuarios. Este antecedente negativo genera temor ante la posibilidad de que se repitan prácticas similares.
Contradicciones legales y un derecho fundamental
Un aspecto particularmente llamativo es la contradicción existente entre la decisión de cortar el suministro y el preámbulo de la Ley N° 26/221, que establece el servicio de AySA como un derecho humano. Esta incongruencia plantea interrogantes sobre la coherencia de las políticas públicas y el respeto a los derechos fundamentales de la población.
¿Qué podemos esperar?
La privatización de AySA y la posibilidad de cortar el suministro de agua por falta de pago abren un debate crucial sobre el acceso a un recurso vital y la responsabilidad del Estado en garantizar este derecho. La situación exige una reflexión profunda y una defensa activa de los derechos de los usuarios.