Senado debate Ley de Emergencia en Discapacidad: Organizaciones exigen su aprobación
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Organizaciones exigen aprobación de la Ley de Emergencia en Discapacidad en el Senado
El Senado argentino se encuentra debatiendo un proyecto de ley clave: la declaración de emergencia en materia de discapacidad. Diversas organizaciones del sector se han movilizado frente al Congreso para exigir la pronta aprobación de esta iniciativa, que busca mitigar los efectos del ajuste económico que, según denuncian, impacta negativamente en las personas con discapacidad.
El proyecto de ley surge como respuesta a las políticas de ajuste implementadas, que han afectado las pensiones, las prestaciones de salud y educación, y el funcionamiento de la ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad), el organismo encargado de implementar las políticas públicas para este colectivo. Las organizaciones denuncian recortes en pensiones, desfinanciamiento del sistema de prestaciones y un desguace de la ANDIS.
Un informe reciente de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) revela la crítica situación que atraviesa el sector. La pensión por invalidez laboral se encuentra fijada en $217.000 mensuales, equivalentes al 70% de una jubilación mínima. Además, una maestra de integración en la escuela común percibe alrededor de $3.000 por hora, con pagos demorados hasta 180 días. Los talleres protegidos reciben una asignación estímulo de tan solo $28.000 mensuales, sin actualización desde febrero de 2023.
Ante esta situación, las organizaciones de personas con discapacidad han realizado numerosas protestas y movilizaciones, incluyendo marchas hacia la Quinta de Olivos y el Congreso, para visibilizar el impacto del ajuste y exigir la aprobación de la Ley de Emergencia. La Fundación de Desarrollo Humano Integral, Argentina Humana Inclusiva y el Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, entre otras agrupaciones, se concentran hoy frente al Congreso para hacer oír su reclamo.
La aprobación de esta ley, con un costo fiscal mínimo, podría mejorar significativamente la calidad de vida de millones de personas con discapacidad en Argentina, revirtiendo en parte los efectos negativos del ajuste económico.