Concejal presa tras escrache a Espert: Críticas y polémica judicial
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La detención de Eva Mieri, concejal de Quilmes, tras un escrache al diputado José Luis Espert, ha desatado una ola de controversia y críticas al sistema judicial. Mieri permanece detenida mientras que otros implicados en el incidente han sido liberados bajo fianza.
Liberación parcial y acusaciones contra Mieri
La jueza federal Sandra Arroyo Salgado liberó a Candelaria Montes Caté, Aldana Muzzio e Iván Díaz Bianchi, quienes también habían sido detenidos por el incidente en la casa de Espert. Sin embargo, la magistrada mantuvo la detención de Mieri, argumentando un presunto “riesgo procesal”. Esta decisión ha sido cuestionada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que denuncia una persecución política.
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner se sumó a las críticas, exigiendo la liberación de todos los militantes y recordando declaraciones previas de Javier Milei en apoyo a protestas similares en Francia.
Cargos contra la concejal
A Mieri se le imputan graves cargos, incluyendo atentado contra el orden público, amenazas coactivas agravadas, incitación a la persecución u odio por ideas políticas, malversación de caudales públicos y alteración de la numeración de un objeto registrado. La jueza Arroyo Salgado basa la acusación de malversación en la sospecha de que Mieri utilizó una camioneta del municipio de Quilmes para trasladarse al lugar del escrache.
Traslado a prisión federal
Tras ser rechazada su excarcelación, Mieri fue trasladada a la Unidad 28 del Servicio Penitenciario Federal. Existe la posibilidad de que sea trasladada nuevamente a la cárcel de máxima seguridad de Ezeiza.
Críticas al proceso judicial
La causa Vialidad, que culminó con la condena de Cristina Fernández de Kirchner, ha sido objeto de severas críticas por parte de juristas, sectores políticos y organismos de derechos humanos. Se advierte sobre presuntas irregularidades en el proceso judicial que comprometen garantías constitucionales básicas. Es clave abordar el tema con rigor, pluralidad de voces y responsabilidad editorial.
- Falta de imparcialidad judicial (vínculos entre jueces y actores opositores).
- Acusaciones de lawfare (persecución judicial y mediática).
- Violación del principio de “non bis in idem”.
- Ausencia de pruebas directas contra Cristina Fernández.
- Desigualdad en el tratamiento de la prueba.
- Celeridad inusual del proceso.
- Desproporcionalidad de las penas impuestas.
- Exposición mediática parcial y anticipada del caso.