El juicio por el crimen de Kim Gómez, una niña de 7 años asesinada luego de ser arrastrada por más de un kilómetro por delincuentes que habían robado el automóvil de su madre, comenzó este miércoles 18 de febrero en los Tribunales de La Plata. El caso, que se desarrolla en el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1, se refiere a un hecho ocurrido hace cerca de un año, donde la pequeña víctima fue arrojada desde un auto en movimiento y posteriormente transportada por un grupo de individuos en una acción violenta y premeditada.
Según fuentes oficiales, el acusado, que ya cumplió los 18 años, fue formalmente imputado como autor del homicidio en ocasión del robo del vehículo de la víctima. El caso se juzga en el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1 debido a que el sospechado aún tenía 16 años cuando ocurrió el crimen, lo que implica que el juicio se enfoca en las consecuencias legales de una acción cometida por un menor de edad.
El padre de Kim Gómez, Marcos Gómez, expresó en el juicio que el caso le genera una profunda angustia y una necesidad de justicia. «No podré perdonar a los asesinos», declaró, reflejando la profundidad de su dolor y la determinación de buscar responsabilidad legal.
El hecho ocurrió cuando los delincuentes, tras robar el automóvil de la víctima, la arrojaron desde un vehículo en movimiento y la llevaron a través de más de un kilómetro. Según testimonios del padre, los delincuentes amenazaron con armas contra un jubilado para robarle el auto cuando salía de su casa, lo que indica una planificación previa y un grado de violencia elevado.
Los tribunales deben analizar si la acción del acusado, aunque ya superó la edad legal, tiene implicaciones en el contexto de la responsabilidad penal juvenil. Este caso representa un ejemplo de cómo los sistemas judiciales abordan los crímenes cometidos por menores de edad, especialmente cuando el hecho fue planeado y ejecutado con violencia y violencia física.
El juicio también resalta la importancia de la protección de las víctimas menores y el sistema de responsabilidad penal juvenil en Argentina. Este caso ha generado un debate sobre la eficacia de las leyes que regulan la responsabilidad penal de menores y su aplicación en casos de violencia física y terrorismo.