En el escenario político argentino, la discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad en el régimen penal juvenil ha adquirido relevancia reciente, con un foco en el uso de Patricia Bullrich como caso emblemático. Según un informe reciente, el diputado nacional Eduardo Valdés señaló que la figura de Bullrich, quien ha sido señalada en el pasado por cometer delitos en su juventud, se utiliza para argumentar la inmputabilidad adolescente de menores de 14 años. Este tema ha generado un debate que involucra tanto políticas penales como estrategias electorales.
El análisis de la baja de la edad de imputabilidad en el país, especialmente en el contexto actual, revela una complejidad que va más allá de las cifras oficiales. En 2025, se reportó una disminución del 20,8% en los homicidios cometidos por menores no punibles. Este dato, según el diputado Eduardo Valdés, se presenta como un argumento para justificar la reducción de la edad de imputabilidad a 14 años, lo que genera una controversia sobre la aplicación realista de dicha normativa.
La reforma de la ley penal juvenil en Argentina ha sido un tema constante en el Congreso, con una hoja de ruta clara desde el pasado. La mayoría de las propuestas recientes, como la que involucra a Javier Milei y Patricia Bullrich, han tenido que ceder a presiones de la oposición, lo que indica un compromiso entre diferentes actores políticos. En este sentido, el uso de casos específicos como el de Bullrich se ha vuelto un recurso estratégico para justificar políticas que, en muchos casos, no están respaldadas por datos concretos.
La crítica a la baja de la edad de imputabilidad a 14 años se basa en la idea de que la inmputabilidad adolescente es un concepto que, en muchos casos, no se aplica correctamente. En los últimos años, el sistema penal juvenil ha sido objeto de debates sobre su eficacia, especialmente en contextos de aumento de delitos juveniles. La preocupación principal radica en que, según las estadísticas, el número de menores en el sistema penal juvenil ha aumentado, lo que indica una falta de precisión en la aplicación de dicha normativa.
El diputado Eduardo Valdés, al utilizar a Patricia Bullrich como ejemplo, ha generado un debate sobre la ética en el uso de casos personales para justificar políticas públicas. Este enfoque ha sido cuestionado por expertos en derecho penal, quienes argumentan que la inmputabilidad adolescente debe ser aplicada de manera rigurosa y no como una herramienta para reducir la responsabilidad penal de menores en edad de imputabilidad.
Desde la perspectiva de la oposición política, el uso de casos como el de Bullrich se ha vuelto un tema central en el debate sobre la reforma de la ley penal juvenil. La crítica principal es que, en muchos casos, el uso de casos personales para justificar políticas públicas no es adecuado, ya que genera una falta de transparencia en la aplicación de dicha normativa.
El análisis de este tema requiere un enfoque