Justicia rechaza pedido de Boudou por su jubilación de privilegio: ¿Qué pasó?
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La Justicia Federal rechazó una medida cautelar presentada por el ex vicepresidente Amado Boudou, quien buscaba la restitución de su asignación mensual vitalicia, la cual le había sido retirada por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS). La decisión judicial se suma a la demanda iniciada por la ANSeS para que Boudou devuelva $236 millones correspondientes a la jubilación de privilegio que percibió tras ser condenado por corrupción en el caso Ciccone.
El reclamo de Boudou y el argumento de la ANSeS
Boudou argumentó que si bien solicitó el beneficio en 2015, recién lo percibió a partir de agosto de 2020, y que la suspensión del pago de los meses anteriores se debió a resoluciones de la ANSeS basadas en la emergencia sanitaria. Además, sostuvo que la condena penal en su contra ya había sido cumplida, y que la asignación tiene “carácter alimentario”.
Sin embargo, la ANSeS fundamentó su decisión en el artículo 29 de la Ley N° 24.018, que regula las pensiones vitalicias. El organismo previsional argumentó que la finalidad de esta asignación, considerada un “privilegio”, es jurídicamente incompatible con la comisión de un delito en el ejercicio de la función pública y en perjuicio del Estado Nacional.
La demanda millonaria de la ANSeS
Además del rechazo judicial a su pedido, Boudou enfrenta una demanda de la ANSeS, a instancias del Ministerio de Capital Humano, para que devuelva $236.066.031,25, más su actualización, correspondientes a la jubilación de privilegio que cobró mientras estaba condenado por corrupción. La demanda fue presentada ante la Justicia Civil y Comercial Federal.
El caso Ciccone y la condena de Boudou
Amado Boudou fue condenado en 2018 a cinco años y diez meses de prisión por cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública en la compra irregular de la empresa calcográfica Ciccone, luego estatizada. La Corte Suprema confirmó la condena en 2020. Además de la pena de prisión, Boudou está inhabilitado de por vida para ocupar cargos públicos.
Implicaciones del caso
Este caso pone en relieve la controversia en torno a las jubilaciones de privilegio y la compatibilidad de estos beneficios con la condena por delitos de corrupción. La decisión de la ANSeS y las acciones judiciales en curso buscan establecer un precedente en relación con la rendición de cuentas de los funcionarios públicos y el uso de los recursos del Estado.