La Sociedad Rural Argentina (SRA) ha expresado su profunda preocupación por la Ley Fiscal impulsada por el gobierno de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, especialmente en lo que respecta a los cambios en el Impuesto Inmobiliario Rural. En un comunicado, la SRA manifestó que la iniciativa legislativa traslada facultades esenciales al Poder Ejecutivo, generando incertidumbre y afectando la capacidad de planificación del sector agropecuario.
Críticas al Proyecto de Ley Fiscal
La entidad rural advierte que el Artículo 133 de la Ley Fiscal permite al Ejecutivo intervenir en las valuaciones de la tierra sin criterios claros ni una hoja de ruta consensuada. Esto, según la SRA, impide la consulta con las instituciones locales y la comunidad productiva, generando un marco de inseguridad jurídica.
Otro punto crítico es el Artículo 167, que faculta al gobierno provincial a modificar las cuotas del impuesto durante el ejercicio fiscal, lo que dificulta la planificación financiera de los productores. Además, el esquema de bonificaciones carece de porcentajes definidos por ley, lo que añade más incertidumbre al panorama impositivo.
El reclamo de la Sociedad Rural
La SRA insta a la Legislatura bonaerense a asumir su responsabilidad constitucional y definir con precisión los criterios, límites y alcances del Impuesto Inmobiliario Rural, evitando delegar facultades esenciales al Poder Ejecutivo. La entidad considera que la ausencia de parámetros claros por parte del gobierno provincial genera un escenario de inseguridad normativa que perjudica al sector agropecuario.
- Falta de criterios consensuados para las valuaciones.
- Posibilidad de modificar las cuotas del impuesto durante el ejercicio fiscal.
- Esquema de bonificaciones sin porcentajes definidos por ley.
La SRA se suma así a otras voces que han cuestionado distintos aspectos del proyecto de Ley Fiscal, reclamando mayor certidumbre y previsibilidad para el sector agropecuario en la provincia de Buenos Aires.