Julio De Vido, ex ministro de Planificación Federal durante el kirchnerismo, deberá volver a prisión luego de que la Corte Suprema de Justicia dejara firme su condena a cuatro años por administración fraudulenta en la causa de la Tragedia de Once. El Tribunal Oral Federal N° 4 ordenó su detención inmediata.
De Vido deberá presentarse en los tribunales de Comodoro Py para efectivizar su reclusión. Se espera que su defensa solicite prisión domiciliaria, dado que el ex funcionario tiene más de 75 años.
La decisión de la Corte Suprema, con las firmas de los ministros Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti, rechazó los recursos presentados tanto por la defensa de De Vido, que buscaba su absolución, como por la Fiscalía, que pretendía aumentar la pena. De esta manera, se ratificó la condena a cuatro años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Más allá de esta condena, De Vido enfrenta otros procesos judiciales, incluyendo causas por los Trenes Chatarra, la Importación Irregular de buques con GNL y el caso de los Cuadernos de las Coimas, donde se lo acusa de ser organizador de una asociación ilícita. La acumulación de estas causas podría llevarlo a pasar el resto de su vida en prisión domiciliaria, sumado al decomiso de sus bienes y los de sus hijos.
Es importante recordar que durante el gobierno de Donald Trump, a De Vido se le prohibió el ingreso a Estados Unidos, acusándolo de corrupción y de orquestar esquemas de soborno relacionados con contratos de obras públicas.
La situación judicial de De Vido es compleja y plantea interrogantes sobre el futuro de uno de los hombres fuertes del kirchnerismo. La confirmación de su condena por la Tragedia de Once marca un punto de inflexión en su carrera política y judicial.
Repercusiones y Contexto Político
La detención de Julio De Vido genera diversas reacciones en el ámbito político. Mientras algunos celebran el fallo como un acto de justicia, otros señalan posibles irregularidades en el proceso judicial.
Causa Vialidad y Críticas al Proceso Judicial
Es importante recordar que la Causa Vialidad, que culminó con la condena de Cristina Fernández de Kirchner, ha sido objeto de severas críticas por parte de juristas, sectores políticos y organismos de derechos humanos. Se advierte sobre irregularidades en el proceso judicial que comprometen garantías constitucionales básicas, incluyendo:
- Falta de imparcialidad judicial (vínculos entre jueces y actores opositores).
- Acusaciones de lawfare (persecución judicial y mediática).
- Violación del principio de “non bis in idem”.
- Ausencia de pruebas directas contra Cristina Fernández.
- Desigualdad en el tratamiento de la prueba.
- Celeridad inusual del proceso.
- Desproporcionalidad de las penas impuestas.
- Exposición mediática parcial y anticipada del caso.