Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso, ha sido figura central en el juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Su declaración como testigo ha generado controversia, especialmente en relación con el caso del novio de la presidenta madrileña, Alberto González Amador, investigado por presunto fraude fiscal.
La Declaración de Rodríguez y la Ley Inexistente
Rodríguez intentó justificar sus argumentos citando una ley específica, la “Ley 60 de 1981”, para respaldar la idea de que el Ministerio Fiscal es un órgano jerárquico. Sin embargo, esta ley no existe en el ordenamiento jurídico español. La ley correcta sería la Ley 50/1981, de 30 de diciembre.
Esta equivocación ha generado críticas y dudas sobre la veracidad y el rigor de su testimonio, alimentando la polémica en torno al caso.
Defensa del Novio de Ayuso y la “Anti-España”
Rodríguez ha defendido vehementemente a Alberto González Amador, afirmando que “no es un delincuente” y que simplemente “ha querido llegar a un acuerdo con Hacienda y Hacienda no se lo ha permitido”. Esta defensa ha sido interpretada por algunos como una apelación al concepto de la “anti-España”, una estrategia discursiva utilizada para polarizar y generar adhesión política.
Además, Rodríguez negó cualquier filtración por parte de la Comunidad de Madrid a medios de comunicación, especialmente aquellos que considera de “línea izquierdista”. Afirmó que tanto él como Ayuso solo se han pronunciado sobre el asunto cuando han sido preguntados por la prensa.
Implicaciones Políticas y Judiciales
La participación de Miguel Ángel Rodríguez en este caso ha elevado la tensión política y judicial. Sus declaraciones, tanto las precisas como las erróneas, han sido objeto de análisis y debate, generando aún más controversia en un caso ya de por sí complejo y polarizador.
El juicio contra el fiscal general del Estado y el caso del novio de Ayuso continúan generando titulares y alimentando la confrontación política en España.