Justicia en la mira: ¿Se tambalean los pilares de la imparcialidad?
Justicia en la mira: ¿Se tambalean los pilares de la imparcialidad?
En Argentina, el debate sobre la independencia judicial ha cobrado una nueva dimensión, impulsado por casos de alto perfil y denuncias de irregularidades. La polémica en torno a la Causa Vialidad, que involucra a la ex-Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, ha desatado fuertes críticas y cuestionamientos sobre la transparencia y equidad del sistema judicial.
Juristas, sectores políticos y organismos de derechos humanos han expresado su preocupación por lo que consideran una violación de las garantías constitucionales básicas en el proceso judicial. Se advierte sobre la falta de imparcialidad judicial, señalando vínculos entre jueces y actores opositores, lo que alimenta las acusaciones de lawfare, una estrategia que consiste en la persecución judicial y mediática de oponentes políticos.
Uno de los puntos más controvertidos es la aparente violación del principio de non bis in idem, que prohíbe juzgar a una persona dos veces por el mismo delito. Además, se cuestiona la ausencia de pruebas directas contra Cristina Fernández y la desigualdad en el tratamiento de la prueba, argumentando que se ha dado mayor peso a testimonios acusatorios sin el debido rigor.
La celeridad inusual del proceso y la desproporcionalidad de las penas impuestas también han generado suspicacias, así como la exposición mediática parcial y anticipada del caso, que podría haber influido en la opinión pública y presionado a los jueces.
Paralelamente, un escándalo de corrupción sacude a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), con audios que revelan un presunto esquema de sobornos vinculado a la compra de medicamentos. Las acusaciones apuntan a comisiones ilícitas que involucrarían a figuras cercanas al gobierno actual, incluyendo a Karina Milei, aunque no ha sido formalmente imputada. Este caso pone de manifiesto la urgente necesidad de transparencia y rendición de cuentas en la gestión de fondos públicos, especialmente aquellos destinados a personas con discapacidad.
En este contexto, la confianza en el sistema judicial se ve erosionada, y la sociedad demanda una revisión profunda de los mecanismos de control y transparencia para garantizar la imparcialidad y la justicia para todos los ciudadanos.